La llegada a México de Víctor Hugo Sepúlveda, ligado al caso de la firma Peak Investment Fund Management, ha reactivado la polémica por el presunto fraude millonario que se le atribuye. Aunque su extradición desde España ya se concretó entre el 23 y 25 de abril, el proceso judicial enfrenta un obstáculo clave: una suspensión provisional otorgada por un juez en Tamaulipas que actualmente impide su detención.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el acusado ya se encuentra en territorio nacional; sin embargo, aclaró que no puede cumplimentar la orden de aprehensión mientras siga vigente el amparo. El caso ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre la efectividad del sistema judicial frente a delitos financieros de alto impacto.
Amparo frena orden de captura contra Víctor Hugo Sepúlveda
Durante una conferencia de prensa, el fiscal Javier Flores explicó que, aunque se realizaron diversas gestiones para concretar la extradición, la situación legal del imputado sigue sin resolverse del todo.
El funcionario señaló que la suspensión provisional emitida en Tamaulipas es el principal impedimento para proceder con su detención. Mientras esta medida continúe activa, la autoridad ministerial no tiene facultades para ejecutar la orden judicial, lo que mantiene el proceso en pausa.
Este escenario ha generado inquietud dentro de la propia Fiscalía, que insiste en que se han seguido todos los pasos legales para avanzar en el caso.
Fraude de 800 millones de pesos en el centro del escándalo
El caso está vinculado a Peak Investment Fund Management, empresa creada en 2022 por Arturo González, señalada por un presunto fraude que alcanzaría los 800 millones de pesos.
De acuerdo con las denuncias, la firma ofrecía rendimientos muy por encima del mercado, lo que atrajo a numerosos inversionistas que posteriormente reportaron pérdidas significativas. Hasta noviembre del año pasado, la Fiscalía de Nuevo León había recibido 155 denuncias formales de personas afectadas.
Las víctimas han señalado afectaciones severas en su patrimonio, desde ahorros destinados a educación hasta proyectos de vivienda, lo que ha incrementado la presión social en torno al caso.
Fiscalía busca destrabar el proceso judicial
El fiscal Javier Flores aseguró que la institución continúa trabajando para resolver la situación legal que mantiene detenido el avance del caso.
“Estamos trabajando arduamente para combatir esta situación”, expresó el funcionario, al referirse a las acciones emprendidas para intentar levantar la suspensión que protege al imputado.
Mientras tanto, el caso ha encendido el debate sobre la capacidad del sistema judicial para actuar en delitos financieros complejos, especialmente cuando existen recursos legales que frenan la ejecución de órdenes de aprehensión.
Crece la exigencia de mayor regulación financiera
El escándalo ha provocado reacciones entre los inversionistas afectados, quienes han expresado frustración ante la incertidumbre sobre la recuperación de su dinero.
Al mismo tiempo, el caso ha reabierto la discusión sobre la necesidad de fortalecer la regulación de empresas de inversión en México, con el objetivo de evitar esquemas similares en el futuro.